El marco legal anticorrupción en México

By: Carla Rios Carlos A. ChávezPublished on Feb/25/2026

Como resultado de los esfuerzos conjuntos y persistentes entre los sectores público y privado de México para establecer un marco legal de anticorrupción integral y eficaz que pueda combatir las prácticas de corrupción generalizadas en la mayor parte de los sectores económicos del país, México ha consolidado progresivamente su Sistema Nacional Anticorrupción (el “Sistema Anticorrupción”) creado a partir de la reforma constitucional de 2015. Durante la última década, el gobierno mexicano ha seguido fortaleciendo este marco legal a través de diversas reformas destinadas a mejorar todos los niveles de gobierno y la actividad privada del país.

Previo a la reforma constitucional de 2015 y a la publicación del paquete legislativo original en 2016, México contaba con un marco legal anticorrupción fragmentado y poco claro, lo que a su vez fomentaba una imposición limitada de responsabilidades debido a prácticas corruptas bajo el marco de las leyes anteriores. La implementación por parte del gobierno federal de reformas estructurales en los sectores de energía, finanzas y telecomunicaciones pone de manifiesto la necesidad de una reglamentación más sólida para combatir la corrupción en el país.

El marco anticorrupción mexicano ha sido objeto de un perfeccionamiento continuo, con reformas efectuadas entre 2020 y 2025 para modernizar los estándares de cumplimiento, fortalecer el papel de las instituciones de aplicación de la ley y mejorar la transparencia y la supervisión digital dentro del Sistema Anticorrupción.

A continuación, se presenta un resumen de las leyes y reglamentos mexicanos relacionados con la materia anticorrupción, que fueron publicados originalmente en el paquete legislativo de 2016:

El marco regulatorio de anticorrupción en México tiene tres pilares principales que definen el funcionamiento del sistema anticorrupción, las distintas categorías de responsabilidades administrativas y los tribunales especiales que se encargarán de los casos de corrupción. Estos pilares son: (i) la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; (ii) la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y (iii) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

I.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El propósito de esta ley continúa sirviendo como guía para la coordinación dentro del Sistema Anticorrupción de todas las autoridades pertinentes a los niveles federal, estatal y municipal en México. La ley establece la estructura y responsabilidades del Sistema Anticorrupción y refuerza los mecanismos de cooperación entre los órganos de supervisión en los diferentes niveles de gobierno.

Como parte del Sistema Anticorrupción, el Comité Coordinador actúa como el principal órgano responsable de coordinar los esfuerzos entre las autoridades federales, emitir recomendaciones de políticas públicas y promover medidas preventivas en iniciativas de anticorrupción en todo el país. El Comité Coordinador se encuentra integrado por: (i) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; (ii) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; (iii) la Auditoría Superior de la Federación; (iv) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; (v) el Comité de Participación Ciudadana; (vi) el Consejo de la Judicatura Federal; y (vii) la Secretaría de la Función Pública.

Además, el Comité de Participación Ciudadana desempeña un papel activo dentro del Sistema Anticorrupción promoviendo la participación de los ciudadanos, la transparencia y la supervisión de la integridad gubernamental. Al mismo tiempo, la Plataforma Digital Nacional, una de las herramientas del Sistema Anticorrupción, se ha reforzado mediante actualizaciones tecnológicas y regulatorias entre 2022 y 2024. La plataforma integra siete sistemas digitales con información clave sobre contratación pública, servidores públicos y sanciones, mejorando la trazabilidad y el acceso a la información en todas las instituciones públicas.

II.- Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta ley establece los mecanismos de control para la lucha contra la corrupción dentro y fuera del gobierno mexicano, define diversas obligaciones y responsabilidades para los servidores públicos, conforme a las cuales deben presentar y actualizar sus declaraciones de bienes, declaraciones de conflicto de intereses y declaraciones de impuestos a través de la Plataforma Digital Nacional. En ese sentido, la ley también exige la adopción de protocolos de integridad y transparencia en todas las etapas de la contratación pública.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla un catálogo de lo que se considera como faltas administrativas graves por parte de los servidores públicos, e incluye cualquier forma de soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, uso indebido de información oficial, colusión en licitaciones públicas, encubrimiento de información y obstrucción de investigaciones. Cualquier persona de carácter privado que se vea implicada en la perpetración de dichas infracciones será sancionada como corresponda.

En el caso de las personas físicas, las sanciones pueden incluir multas económicas, inhabilitación para ocupar cargos públicos e indemnización por daños. Para las personas morales, las sanciones pueden incluir multas de hasta el doble del beneficio obtenido, inhabilitación temporal para contrataciones públicas, suspensión de operaciones hasta por tres años, disolución de la entidad y responsabilidad por daños.

Las reformas realizadas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas entre el 2023 y 2025 fortalecieron los mecanismos de aplicación de la ley al ampliar los requisitos de notificaciones digitales, reforzando la capacidad de los órganos internos de control. En conjunto, estas actualizaciones buscar mejorar la prevención, la rendición de cuentas y la cooperación institucional dentro del Sistema Anticorrupción.

III.- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que opera bajo el Sistema Anticorrupción, fue creado bajo esta ley en 2016. Este tribunal es encargado de supervisar el establecimiento de la estructura y jurisdicción del tribunal responsable de resolver casos de responsabilidad administrativa que involucren tanto a funcionarios públicos como a particulares bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según se detalla arriba.

Las leyes anteriores constituyen los tres principales pilares del marco regulatorio de anticorrupción en México; sin embargo, existen otras leyes que complementan a este sistema, entre ellas: (1) la Ley de la Fiscalía General de la República, que creó y facultó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (parte del Comité Coordinador mencionado anteriormente) que trabaja bajo el alcance de la Fiscalía General en la prevención y lucha contra la corrupción; (2) el Código Penal Federal, que tipifica delitos de corrupción para ser procesados por las autoridades federales y los estandariza, en cierta medida, con la naturaleza de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y (3) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fortalece el papel de la Secretaría de la Función Pública en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

Las reformas efectuadas entre 2023 y 2025 han fortalecido la autonomía del tribunal, la gestión digital de casos y la coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también ha adoptado mecanismos para trámites electrónicos y audiencias virtuales con el fin de mejorar la transparencia, reducir retrasos procesales y promover el acceso a la justicia.

Además, el tribunal desempeña un papel clave en la interpretación de las leyes de responsabilidad administrativa en todo el país. Mediante criterios jurisprudenciales establecidos y la cooperación con los tribunales administrativos estatales, la ley garantiza la aplicación coherente de las normas anticorrupción a nivel nacional.

Casi una década después de la reforma de 2016, el gobierno mexicano continúa luchando contra las prácticas corruptas en el país, al seguir revisando y modificando las leyes y otros reglamentos relacionados con el tema de anticorrupción, garantizando que todos los ordenamientos legales de la materia permanezcan vigentes y de conformidad con el ámbito actual en el país.

En JATA, seguimos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a navegar el panorama cambiante de cumplimiento en México, proporcionando asesoramiento legal y estratégico para desarrollar, evaluar e implementar programas efectivos de anticorrupción e integridad bajo la legislación mexicana.

Febrero de 2026.

Este artículo fue escrito originalmente en 2016 por Carlos A. Chávez, y fue actualizado y complementado en febrero de 2026 por Carla A. Ríos. Por favor, envía cualquier pregunta o comentario a info@jata.mx. El autor original de este artículo fue un Asociado Senior en JATA – J.A. Treviño Abogados, y la coautora que actualizó y complementó este artículo es Asociada en JATA y puede contactarse en crios@jata.mx. JATA es una firma mexicana con oficinas en Monterrey, México y Houston, Texas.

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